Las deudas de una sociedad no son, por el mero hecho de serlo, deudas de su administrador. Pero esa separación no es absoluta: en determinadas circunstancias, sus decisiones —y también sus omisiones— pueden comprometer su patrimonio personal. También el del director general.
Administrar una empresa implica algo más que dirigir el negocio. Exige cumplir obligaciones legales y actuar con diligencia, lealtad y en interés de la sociedad. Esto supone informarse antes de decidir, supervisar la gestión y reaccionar a tiempo cuando aparecen señales de dificultad.
¿Dónde están los principales riesgos?
La prevención empieza antes de que aparezca una reclamación. Mantener información económica fiable y actualizada, identificar las obligaciones aplicables, documentar las decisiones y sus fundamentos y buscar asesoramiento a tiempo ayuda a reducir la exposición al riesgo.
En cualquier caso, cuando la ley exige adoptar medidas, dejar constancia documental del problema no basta.
Ciertamente, la responsabilidad del administrador no nace de cualquier deuda ni de cualquier resultado adverso. Pero conocer los deberes del cargo y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una dificultad de la empresa y una responsabilidad que alcance al patrimonio personal del administrador o del director general.